“Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren.” Hebreos 13:3 (NVI)
Nos ha costado durante estos días procesar la serie de emociones de tristeza, luto e indignación que nos provocó la matanza en la Penitenciaría del Litoral de este 12 y 13 de noviembre. Sentimos un profundo dolor al ver la respuesta social que ha celebrado estos asesinatos. Vemos como en redes sociales el odio y la violencia se han hecho eco del menosprecio a la vida de las personas privadas de libertad.
Como personas de fe no podemos guardar silencio ante tanta violencia, abandono y olvido del Estado, que ha desembocado en una crisis carcelaria que se podía prevenir. Nos mueve hasta las entrañas tanta crueldad y sufrimiento humano. Esta situación nos provoca levantar nuestras voces desde el sentido profundo de la justicia y misericordia humana y divina.
La crisis del sistema carcelario responde al abandono del Estado, a la crisis de institucionalidad, a la ineficiencia, negligencia, pobreza y corrupción estructural, a la falta de política pública de rehabilitación eficaz con enfoque de Derechos Humanos y de género, al olvido a las personas privadas de libertad y a sus familias, que han permitido que organizaciones criminales tomen el control de los centros carcelarios. Esta cuarta matanza en lo que va del año,es la muestra de que para el Estado hay cuerpos que son despojos, desechos y meros números.
Expresamos nuestra indignación ante la violencia de quienes de manera temeraria asesinaron y torturaron a personas privadas de libertad, así como también rechazamos que ante los llamados de auxilio desde el interior de la cárcel, las instancias estatales no hayan respondido para intervenir y prevenir la masacre, lo que resultó en la muerte violenta de 68 personas privadas de libertad. .
Hay una peligrosa tendencia a pensar que los problemas sociales se resuelven con el uso de más violencia y dándoles más atribuciones a militares y policía. Es crítico aprovecharse del dolor de las familias y de la crisis carcelaria para promover más violencia al interior de los centros carcelarios, exponiendo la vida de las personas que ahí se encuentran.
Nos solidarizamos y exigimos reparación integral, acceso al derecho a la verdad de las familias, de las 68 personas privadas de libertad asesinadas, quienes ahora deben recoger la memoria y enterrar sus muertos, que son los muertos de toda nuestra sociedad. Asimismo, demandamos respuestas para precautelar la seguridad y recuperación de las 25 personas heridas durante este último hecho de sangre que nos enluta a todxs.
Demandamos la implementación de un sistema de justicia restaurativa como alternativa, para que se escuchen las voces y necesidades de las víctimas y se involucren a las familias y líderes comunitarios. Exigimos la protección de todas las personas privadas de libertad, la introducción de programas de rehabilitación integral y reinserción social para que sea posible contar con una justicia que se sostenga en la dignidad humana.
Nos sumamos a los organismos nacionales e internacionales que abogan por una respuesta estatal a lo sucedido y el pedido para que activistas y defensorxs de derechos humanos privadxs de la libertad reciban medidas sustitutivas y se disponga el traslado a una residencia y espacio comunitario.
Las muertes duelen y estas muertes, con tanta violencia y saña, duelen más. Nuestra fe nos exige respetar la dignidad inviolable de cada ser humano, cultivar compasión frente a todo sufrimiento y promover la gestión no-violenta de conflictos.
Afirmamos la dignidad de todas las personas y el respeto a sus derechos humanos.
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